El presidente Gustavo Petro no se ha caracterizado precisamente por su capacidad de gestión administrativa. Su mayor habilidad se ha reflejado en el manejo del Congreso y su capacidad de presentar sus denominados proyectos sociales. Allí ha mostrado su faceta de político hábil, recurriendo a estrategias como la mermelada, la presión directa y el chantaje político. Aun así, en muchas ocasiones no le salen las cosas como él quisiera, tal como ocurrió con el reciente nombramiento del magistrado  en la Corte Constitucional. 
La pasada reforma laboral es un ejemplo de ese proceder. En su momento, el presidente amenazó con convocar una consulta popular si el Senado no aprobaba el proyecto. Chantaje que, finalmente, le funcionó. Hoy, con la discusión del presupuesto para el año 2026 -que según se dice presenta un desbalance de $40 billones-, Petro vuelve a la misma fórmula. En esta ocasión propone una reforma tributaria de $26 billones. Su mensaje es claro: sin reforma tributaria no habrá recursos para atender las inversiones sociales, así destine buena parte del presupuesto para pagar el desbordado “empleo militante”. 
Su gran interés es consolidar mayorías en el próximo Congreso y asegurar la continuidad de su proyecto político, ya sea con su reelección -si llegara a abrirse esa puerta- o con la elección de un sucesor de su confianza. La realidad es que, con o sin reforma, el panorama fiscal es deficitario y dinero no habrá.
En su primer año de Gobierno, a Petro le aprobaron una reforma tributaria cercana a los $20 billones, la más alta que se haya tenido en el país. Sin embargo, las metas de recaudo no se cumplieron: lo proyectado estuvo muy por encima de lo que finalmente el Gobierno obtuvo. 
En el 2024, el presidente presentó un presupuesto para la vigencia del 2025 que también estaba desbalanceado e incluía una reforma tributaria que no prosperó en el Congreso. El resultado fue que el presupuesto no se aprobó y tuvo que ser adoptado por decreto presidencial. Todo apunta a que este año se repetirá la historia: un presupuesto deficitario, acompañado de una reforma tributaria absurda y exageradamente elevada ($26 billones) que impacta por igual a ricos y pobres, aunque el presidente insista en que solo afecta a los ricos.
Vale la pena recordar el  2021, cuando Petro aún era candidato y el país vivía en cuarentena por la pandemia. En ese entonces, fue uno de los principales promotores del llamado “estallido social”. Durante aproximadamente un mes, Colombia estuvo paralizada. Su bandera en esas marchas, que él mismo calificó como “sociales”, fue la oposición a la reforma tributaria del entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Una propuesta que, en realidad, poco tenía que envidiarle a la que hoy Petro impulsa como presidente.
En su momento, se llegó a decir que esas protestas, con bloqueos de vías y parálisis económica, causaron más daños al país que la propia pandemia. La contradicción de Petro es evidente: lo que ayer utilizó como discurso de movilización social, hoy lo promueve desde el poder con un costo aún mayor.
En pleno ambiente electoral, con los congresistas buscando reelegirse, será difícil que la mayoría se arriesgue a aprobar una reforma tributaria tan impopular. Negarla será  inevitable y, con ello, también es probable que el presupuesto del próximo año no sea aprobado en el Legislativo. Así, Petro tendrá nuevamente la opción de imponerlo por decreto y manejarlo a su antojo, sin acuerdos  ni contrapesos.
El texto del decreto que eventualmente expida el Gobierno deberá ser el mismo que fue presentado ante el Congreso. Este contempla artículos que facultan al Ejecutivo para modificar las vigencias futuras, lo que le permitiría cambiar la destinación de recursos ya comprometidos, en especial los destinados a concesiones viales. El riesgo no es menor: no solo se pondría en entredicho la ejecución de los contratos, sino que, al estar la mayoría financiados por la banca internacional, cualquier alteración en la destinación de recursos afectaría directamente la credibilidad del país frente a inversionistas y contratistas.