Una de las reformas sociales que el gobierno nacional presenta como uno de sus grandes logros es la laboral. Sin embargo, más que una reforma integral, parece un pliego de negociación sindical, antes que una respuesta a los desafíos laborales y empresariales del mundo actual. Tampoco tuvo en cuenta la realidad productiva del país, donde aproximadamente el 80% del mercado laboral depende de las pequeñas y medianas empresas, a las que se les impusieron cargas que superan ampliamente sus capacidades económicas. Paradójicamente, el Gobierno promovió la iniciativa como si los principales generadores de empleo fueran las grandes compañías, a las que, en realidad, la reforma afecta muy poco, pues la mayoría de sus disposiciones ya están incluidas en los acuerdos sindicales existentes.
El presidente, además, presume de los resultados de la reforma laboral, destacando que el índice de desempleo ha descendido al 8,8%,  presentándolo como el mejor dato en lo corrido del siglo XXI. Indicador que no debe ser en ningún momento motivo de celebración. Aproximadamente el 60% de los trabajadores en Colombia son informales. No tienen seguridad social y la mayoría vive del “rebusque” por lo que  solo reciben ingresos cuando salen a trabajar. Colombianos que con muchas dificultades logran sobrevivir, con lo que puede considerase como una forma de esclavitud moderna, de la que tanto se queja el presidente.  Este es otro  ejemplo, uno más, de la incapacidad del Gobierno, de no ser capaz de  estimular la generación de empleo formal, estable y digno. 
Uno de los sectores más golpeados por la reforma es el de los aprendices del SENA. Según la nueva normatividad, las empresas están obligadas a vincular a los estudiantes en prácticas bajo condiciones de remuneración y contratación que antes resultaban manejables, pero que hoy se tornan insostenibles. Antes, los aprendices recibían el 50% del salario mínimo durante la etapa lectiva y el 75% durante la práctica, sin prestaciones sociales. Ahora, la ley obliga a las empresas a pagar el 100% del salario mínimo, más cargas prestacionales, durante todo el período. El resultado es evidente: los costos se dispararon y, en la práctica, para muchos empresarios resulta más barato y menos riesgoso pagar la multa de 1,5 salarios mínimos que vincular aprendices. 
Con la reducción de las posibilidades de práctica, se pierde una herramienta fundamental de formación. Los estudiantes del SENA están perdiendo una oportunidad muy importante para mejorar su aprendizaje con el que podrían  salir mejor preparados para su  vida laboral. De mantenerse esta situación, el impacto social será critico: una generación de jóvenes menos capacitada y con menos opciones de ingreso al mercado formal.
Se dice que “el trabajo es escuela y la escuela es trabajo”, debido a que se considera que el aprendizaje ocurre principalmente en el entorno laboral. Cerca del 70% del aprendizaje se da de manera informal mientras se trabaja, por lo que invertir únicamente en educación formal, sin promover el aprendizaje práctico en el trabajo, significa desaprovechar una parte sustancial del potencial humano y del crecimiento económico.
El mundo empresarial esta demandando  personal con habilidades prácticas, con procesos de formación  cortos y flexibles, muchas veces en modalidades virtuales que mejoran las posibilidades de acceso. Transformación laboral que está modificando a fondo la lógica de la empleabilidad, un aspecto que la reforma aprobada  no tuvo en cuenta.