El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez se originó por un debate sobre el paramilitarismo, adelantado por el senador de izquierda Iván Cepeda, quien, en el 2014 insinuó presuntas relaciones del también senador Uribe Vélez con el Bloque Metro de las Autodefensas, motivando a Uribe a denunciarlo ante la Corte Suprema por buscar de manera irregular testimonios de exparamilitares presos en cárceles del país y del exterior, que lo incriminaran en esas actividades delictuosas.
La Sala de Instrucción, en el 2018, no encontró elementos probatorios suficientes para continuar investigando a Cepeda, cerrando el caso en su contra, pero ordenando iniciar investigación contra Uribe por supuesta manipulación de testigos, pasando de acusador a acusado. En el 2020 la Corte ordenó la detención domiciliaria de Uribe, razón por la que renunció a su curul como senador, perdiendo su fuero y pasando su caso a la justicia ordinaria.
En este proceso y tras 67 audiencias y más de 90 testigos, el exmandatario insistentemente expresó ser inocente y víctima de una venganza con fines políticos. En sus múltiples declaraciones vale destacar la pronunciada el pasado 12 de julio: “Este juicio ha sido inducido por el actual Gobierno, a través de su más representativo senador”.
El fallo dictado el pasado 28 de julio por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, en contra del exmandatario, marca un hito en la historia judicial del país, generando intensos debates jurídicos y políticos. De haber sido un juicio recto, la máxima de que nadie está por encima de la ley habría fortalecido la justicia, no exacerbando el clima de polarización reinante. Muchos son los cuestionamientos sobre el fallo, pues de probarse la injerencia del Gobierno sobre el mismo, la incoherencia entre la mano tendida de Petro a criminales condenados por graves delitos, bajo la política de la “paz total”, y la defectuosa valoración de las pruebas en contra del expresidente Uribe, mostraría una clara asimetría o correspondencia con la percepción de desigualdad existente en las mentes mayoritarias de los colombianos que piensan y creen que estamos bajo una justicia sesgada.
La lectura del fallo hecho por la juez Sandra Liliana Heredia, tan extenso que hizo temer llegara a sobrepasar la fecha de prescripción, alimenta las suspicacias sobre los curiosos hechos que la rodearon, como, por ejemplo, si el juicio terminó el 8 de julio y la lectura del fallo fue el 28 ¿cómo hizo la juez para redactar más de 1.000 páginas o más de 400.000 mil palabras en 20 días? Si a esto le sumamos, revisar testimonios, consultar jurisprudencias, realizar peritajes, más las actividades propias del despacho, estaríamos ante un verdadero récord Guinness.
Además, si un video que el país vio, donde un corrupto recibe fajos de billetes en bolsas, no es aceptado por lo irregular de su recaudo, como también la Corte Suprema en su momento desestimó los computadores de Raúl Reyes por considerar que fueron pruebas ilícitas, ¿por qué la juez validó las interceptaciones ilegales hechas al expresidente, al igual que las grabaciones del reloj espía de Monsalve?
Las palabras de la juez al comenzar la lectura del fallo: “Queremos decirle a Colombia que la justicia ha llegado” ¿qué tanta veracidad encierran? ¿Es realmente un fallo en derecho o un cobro vengativo de la izquierda al más genuino representante de la derecha en Colombia? Antes de finalizar este cuatrienio, Petro habrá agradecido a la juez este inolvidable favorcito.