Aunque a primera vista, todas las voces expertas y resonantes del país en materia jurídica, han coincido en calificar como una manifestación de la independencia del poder judicial frente al poder y como un aparente triunfo de la democracia lo sucedido con Álvaro Uribe Vélez, el hecho genera múltiples inquietudes que de cierta forma dejan al descubierto las falencias y vulnerabilidad del sistema judicial que permite a los profesionales del Derecho acudir a cuanta cantidad de salidas se les ocurre para sacar adelante los procesos por complicados y en muchos casos evidentes, dudosas o ilegales las pruebas en contra de los acusados.
Y es que aceptémoslo o no, nuestra justicia está sujeta a demasiadas circunstancias e influencias relacionadas con el poder político, económico, social e institucional. En lo político, personalmente siempre he cuestionado el hecho de que acudan a este desgastado argumento, quienes son enjuiciados en el ejercicio público por presuntas irregularidades cometidas, sin esperar que sean los jueces de la República quienes lo determinen, ajustándose estrictamente a los lineamientos de ley. No se niega que en muchas ocasiones lo es, pero es lo que siempre esgrimen.
En el caso de Uribe, no se debe olvidar que mientras estaba en el poder el gobierno de derecha, los poderes de la rama jurisdiccional y de investigación y acusación como la Fiscalía, plantearon la necesidad de archivar el caso, insistiendo en su inocencia por falta de pruebas contundentes, como lo exige la ley para determinar su culpabilidad.
Luego con un gobierno de izquierda, el proceso curiosamente se reactivó y aceleró hasta el punto de culminar en una primera instancia con la decisión que ya todo el país conoce. Acá es importante además señalar las diferencias de reacción entre los afectados al enfrentar este tipo de procesos. Mientras Uribe se sometió con el debido acatamiento, respeto y voluntad a lo establecido por el orden jurídico, el actual presidente colombiano prefiere enfrentarla acudiendo a mecanismos extrajudiciales como llamado al desorden y levantamiento popular, para impedir la acción de la justicia, olvidando que bajo su amparo obtuvo indulto y por la democracia se encuentra hoy donde está.
De otro lado, son conocidos los mecanismos de dilación a que acuden ciertos abogados inescrupulosos para evadir la justicia, entre ellos, reiteradas solicitudes de suspensión de audiencias buscando que corran los términos y posterior preclusión. Con absoluta seguridad esto no va a suceder con Uribe, pues él espera confiado que sea el Tribunal Superior de Bogotá, con sus 3 magistrados, el que determine finalmente con certeza, objetividad y ajustado a la legalidad, su inocencia, sin la duda que esa figura deja latente en sus beneficiarios.
Coincido en la necesidad de que prime ante todo el respeto institucional a la justicia, de lo cual tanto ha adolecido en nuestro país y en tantos otros del mundo, cuando no se aplica con igual rasero para la calidad de delitos, de sus infractores, del daño ocasionado y grado de responsabilidad y confiabilidad institucional resultante por la comisión de delitos.