Qué tristeza hacerle el quite a la ley
Señor director:
La expresión, que a manera de título encabeza esta nota, se desprende, a mi juicio, de la que, según la  documentada columna “El contratadero de Caldas”, que suscrita por el acucioso doctor Camilo Vallejo Giraldo, publicó en la edición de este 20 de febrero el periódico La Patria-publicación que agradecemos y aplaudimos-, es la justificación que, sin pudor y alegremente, dio el gerente de Inficaldas, doctor Martín Zuluaga- a quien afortunadamente no tengo el honor de conocer-, para que esa empresa mixta del departamento se constituyera, de conformidad con lo que está descubriendo la Procuraduría General de la Nación, en el “contratadero de Caldas”.
Debo confesarle, señor director, que leer esta columna me produjo decepción, desconcierto y, aunque parezca paradójico, esperanza. Me decepciona-y lo digo con el debido respeto-el actual gobernador del Departamento -por quien voté-, puesto que creo que no obstante haber obtenido una votación en la cual el 70% fue voto de opinión, no ha sido capaz de liberarse de las garras de la politiquería, la corrupción y el clientelismo, lo que le ha impido que su administración tenga la transparencia a la que aspiramos los caldenses, entre otras cosas, tolerando él que la empresa Promueve Más -que se inventó- desplazara a las entidades departamentales en una de sus funciones más importantes, como lo es la de la contratación estatal, entendida como el más valioso instrumento legal para ejecutar los presupuestos públicos, consagrado en la ley 80 de 1993, función administrativa que de acuerdo con el artículo 23 de esta ley debe estar gobernada por los principios de transparencia, economía y responsabilidad, y según el artículo 209 de la Constitución Política debe estar al servicio de los intereses generales y llevarse a cabo respetando, entre otros, los principios de igualdad, moralidad, imparcialidad, y publicidad, todo ello sintetizado en el principio de legalidad, de respeto pleno-sin esguinces- del ordenamiento jurídico, conformado por la Constitución, la ley, los principios jurídicos y la jurisprudencia de los tribunales, principio rector que es el fundamento del Estado de Derecho, universo jurídico que se convierte en letra muerta, se derrumba, especialmente cuando son los propios gobernantes los que toleran, por decir lo menos,  la rentable tarea de hacerle el quite a la ley, que es lo que también me desconcierta.
He afirmado que la columna que comento me produce, paradójicamente, esperanza,  puesto que tengo la ilusión de que la Procuraduría General de la Nación cuanto antes en este caso le ponga freno a estas nocivas prácticas de eludir la ley en el manejo de los recursos públicos, que son sagrados, a las que acuden algunos “servidores públicos”, quienes por mandato del artículo 123 de la Constitución Política “están al servicio del Estado y la comunidad”, y no al servicio de los intereses de unos contratistas escogidos a dedo, felices de lucrarse de las maniobras de unos ejecutores del gasto público, que birlan la ley aparentando que la acatan, felicidad de la que luego contagian a los políticos que los amparan justificando tales maniobras.  Lo invito, señor director, a que recemos juntos, con devoción, para que Dios nos ayude a que en el próximo debate electoral los manizaleños y los caldenses nos liberemos y acudamos a las urnas a cumplir con el deber patriótico de elegir libremente y a conciencia  a unos servidores públicos capaces, honestos y responsables.
 William Giraldo Giraldo