EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

La representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, urgió ayer al Gobierno nacional a proteger a los líderes indígenas del Cauca, que están en riesgo por la violencia que ejercen los grupos armados.

“En el 2023 ONU Derechos Humanos documentó el homicidio de 25 personas defensoras de derechos en el departamento del Cauca. Nos preocupa esta situación, que es la peor en términos de los departamentos del país, es la situación más grave que hemos documentado. De esos 25 casos, 14 eran líderes y lideresas indígenas de los territorios”, afirmó De Rivero.

La representante, que visitó el municipio de Santander de Quilichao, agregó: “Urgimos al Estado y al Gobierno para que actúen rápidamente para asegurar los convenios colectivos de protección tanto para el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) como para la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN)”.

En el Cauca operan disidencias de las Farc, incluida la mayor de ellas, el Estado Mayor Central (Emc); la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln), y grupos narcotraficantes que luchan por el control territorial.

Justamente la semana pasada, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia presentó su informe anual que recoge, una vez más, un aumento de la violencia como en el caso de las masacres, que fueron 98 en 2023, y el crecimiento de los grupos armados pese al avance en las negociaciones de paz y de un mayor enfoque en derechos humanos en las políticas del Gobierno.