En Colombia, la justicia transicional avanza entre la esperanza y el desencanto.

Esta semana, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictó dos sentencias históricas que tocan fibras profundas del conflicto armado: la primera contra siete exintegrantes del último secretariado de las Farc, responsables de 21.000 secuestros; y la segunda contra 12 exmilitares del Batallón La Popa, hallados culpables de 135 asesinatos y desapariciones forzadas en la Costa Caribe entre 2002 y 2005.

Ambas decisiones marcan un hito en el cumplimiento del acuerdo de paz de 2016, pero dejan al país dividido entre quienes ven un avance en la búsqueda de verdad y quienes sienten que las penas —máximas de ocho años sin cárcel— no corresponden a la magnitud de los crímenes.

Las sanciones impuestas por la JEP responden al modelo de justicia restaurativa: no hay prisión, sino restricciones de derechos y trabajos en beneficio de las víctimas. En el caso de los exmilitares, deberán participar en seis proyectos comunitarios, como la construcción de memoriales, la adecuación de espacios productivos y el acompañamiento a comunidades indígenas y afrodescendientes que fueron golpeadas por la violencia.

La magistrada Ana Manuela Ochoa explicó que “dada la gravedad de los crímenes y el papel que desempeñaron en los mismos, todos los comparecientes deben cumplir la sanción propia máxima de ocho años”, aunque se aplicaron descuentos a quienes ya habían pasado por la justicia ordinaria.

El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, lo expresó con crudeza: “Ningún colombiano debió haber fallecido como resultado de un entramado criminal encargado de seleccionar, asesinar y desaparecer a personas inocentes con el único fin de convertirlas en cifras”.

Entre la verdad y la frustración

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos valoró positivamente las decisiones, pues permiten superar posturas negacionistas y dignificar a las víctimas. Scott Campbell, su representante en Colombia, destacó la incorporación del diálogo con sistemas de justicia étnicos y la visibilización del sufrimiento de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.

Sin embargo, en el ambiente ciudadano persiste una sensación de frustración. El expresidente Juan Manuel Santos, artífice del acuerdo de paz, lo reconoció: “Entiendo la frustración, es la de muchos colombianos que sienten que las sanciones son débiles. Yo también lo he sentido, pero esto fue un compromiso del Estado para lograr firmar la paz y la palabra del Estado es inviolable”.

Una justicia que incomoda, pero avanza

En apenas una semana, Colombia vio cómo los máximos responsables de las Farc e integrantes del Ejército fueron sentenciados bajo el mismo modelo restaurativo. Dos caras de una misma moneda que evidencian la complejidad del posconflicto: guerrilleros condenados por secuestros masivos y militares señalados por ejecuciones extrajudiciales.

El país recibe estas decisiones con un sabor agridulce: por un lado, la certeza de que la verdad emerge y de que los victimarios reconocen su responsabilidad; por el otro, la amarga sensación de que ocho años sin cárcel parecen poco frente a crímenes de lesa humanidad.
Con información de EFE 

OEA dice que sentencias ayudan a luchar contra impunidad

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) aseguró ayer que las sentencias emitidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra 12 exmilitares y siete exjefes de las Farc son un paso en la lucha contra la impunidad.

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