El ministro del Interior de Colombia, Alfonso Prada, anunció este miércoles que el Gobierno suspendió "los efectos jurídicos" del decreto de cese el fuego bilateral con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) después de que esta guerrilla indicara el martes que no hay ningún acuerdo y le pidió "una tregua verificable".

"Ante la posición asumida públicamente el día de ayer (...) hemos decidido suspender los efectos jurídicos del decreto 2657 del 31 diciembre de 2022 y en el siguiente ciclo (de negociación) se reactivaría el diálogo sobre este particular", manifestó el ministro en una rueda de prensa en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo.

Ese decreto fija las pautas para la suspensión de las operaciones militares y policiales en contra del Eln mientras esté vigente el cese el fuego bilateral que, de momento, no existe.

Prada, que ejerce como portavoz del Gobierno, invitó además "a esta organización a declarar una tregua verificable en respuesta al imperativo de las comunidades étnico territoriales y campesinas", mientras se resuelve el asunto del cese el fuego bilateral.

"El Gobierno nacional no renunciará en ningún momento bajo ninguna circunstancia a la búsqueda del respeto por la vida para construir la paz total", indicó.

Traspiés en el proceso 

Prada compareció a la rueda de prensa con el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, para explicar la posición del Gobierno sobre el futuro de los diálogos de paz luego de que el Eln desmintiera el anuncio de un cese el fuego bilateral hecho el 31 de diciembre por el presidente colombiano, Gustavo Petro.

Poco antes de la medianoche del último día de 2022, Petro dijo que el Eln y otros cuatro grupos armados ilegales habían acordado con el Gobierno un cese el fuego bilateral, de 6 meses de duración, que estaría vigente desde el 1 de enero hasta el 30 de junio.

Sin embargo, el Eln publicó el martes un comunicado en el que señala que su delegación en las negociaciones de paz que se llevan a cabo en Caracas "no ha discutido con el Gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de cese el fuego bilateral".

La información contradictoria lanzada por el Gobierno y la guerrilla provocó dudas sobre el cese el fuego e incertidumbre sobre la negociación que se lleva a cabo con el Eln, así como una lluvia de críticas al presidente por anunciar un acuerdo que no llegó a concretarse.

Justificando la decisión de Petro, el ministro Prada explicó que el pasado 19 de diciembre el Eln, después de declarar un cese el fuego unilateral con motivo de las fiestas navideñas y de año nuevo, pidió "que el Gobierno nacional actuara en concordancia con su voluntad de paz y estudiara la posibilidad de responder con un cese bilateral".

"Bajo este entendimiento, el Gobierno de Colombia decretó el cese bilateral", agregó el ministro.

La suspensión del decreto presidencial del 31 de diciembre, precisó Prada este miércoles, supone que "las Fuerzas Militares y de Policía conservan la plenitud de las facultades en la ofensiva frente al Eln", y que esa ofensiva "se mantiene plena hasta tanto no haya un levantamiento de la suspensión que hoy decretamos".

Prada admitió que "después de evaluar un poco los hechos de las últimas 48 horas y los de los últimos 50 años, reconocemos que estos procesos son de un altísimo grado de complejidad que debemos ir con mucha cautela, con mucha prudencia, con precaución".

Respuesta a las comunidades 

El cese el fuego bilateral es "una respuesta principalmente a las comunidades y organizaciones sociales que piden la paz en el territorio", agregó Prada, quien también destacó el apoyo que recibió esa medida de la comunidad internacional y de distintas entidades, entre ellas Naciones Unidas, la Conferencia Episcopal y la Defensoría del Pueblo.

"Encontramos comunidades en estado de confinamiento o en amenaza de confinamiento, en amenaza de muerte. Encontramos asesinatos de líderes sociales en el territorio, y hay un clamor que lleva al presidente Petro a declarar este cese bilateral", detalló el ministro.

El cese el fuego bilateral, de seis meses de duración, será "prorrogable según los avances en las negociaciones", dijo Petro cuando lo anunció.

Según la información proporcionada por Presidencia, el cese bilateral tendría verificación nacional e internacional a cargo de la Misión de Verificación de la ONU, de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA), la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica. 

Disidencias y paramilitares

"El Estado Mayor Central de las FARC-EP está comprometido con el cese bilateral decretado por el Gobierno nacional y avanzará en la definición del protocolo para el inicio de las conversaciones en los próximos días", comunicó el ministro en una rueda de prensa en la Casa Nariño, en referencia sobre ese grupo disidente.

Por su parte, la Segunda Marquetalia "ha manifestado su compromiso con la construcción de la paz y por eso, como estaba previsto, se realizarán reuniones de los mandos de esa organización para avanzar en la definición de los asuntos metodológicos y temáticos de la mesa de conversaciones de paz".

La Segunda Marquetalia es una disidencia de las FARC que lidera alias "Iván Márquez", quien fue jefe negociador de esa guerrilla en los diálogos de paz y posteriormente decidió retomar las armas al frente de un grupo de guerrilleros alegando que el Gobierno incumplía el acuerdo firmado en noviembre de 2016.

Asimismo, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las autodefensas de la Sierra Nevada "ratifican su compromiso con el cese bilateral", agregó el ministro.

Oportunidad para grupos ilegales

Con estos grupos "se iniciarán los espacios de diálogos sociales y jurídicos en los términos previstos en la Ley 2272 del 2002" y tras la publicación el martes de los decretos correspondientes para poner en marcha el cese el fuego con estos cuatro grupos armados se inicia "la suspensión de operaciones militares y operativos policiales".

En palabras de Prada este cese de la ofensiva "se hará sin perjuicio del cumplimiento de la función y obligación constitucional y legal de la fuerza pública de preservar la integridad del territorio nacional, el orden constitucional y legal y asegurar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos del libertades públicas en todo el territorio nacional".

Sin embargo, hasta el momento ninguno de esos cuatro grupos armados ilegales se ha manifestado sobre el cese el fuego bilateral de seis meses anunciado poco antes de la medianoche del pasado 31 de diciembre por el presidente colombiano, Gustavo Petro.

Prada también indicó que el Gobierno "valora muy positivamente la voluntad de paz urbana de los grupos que operan en Buenaventura, Quibdó, Barranquilla, Medellín y el área metropolitana, Tumaco, Cali y Tuluá", con los cuales "se han adelantado acuerdos básicos de respeto a la vida y se desarrollarán mecanismos para la transición hacia el Estado de Derecho".