Yo, ALEJANDRO ANÍBAL GARCÍA POSADA, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.072.100, me dirijo respetuosamente a la ciudadanía y a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN para ofrecer una excusa pública, sincera y voluntaria, como parte del cumplimiento de la sentencia condenatoria proferida en mi contra el 17 de febrero de 2025 por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín, dentro del proceso radicado bajo el CUI No. 110016000000202500036. Reconozco que durante mi ejercicio como patrullero adscrito a la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), entre marzo y agosto de 2018, omití de manera indebida mi deber de control y vigilancia sobre el tránsito de mercancías por corredores aduaneros críticos del país, como Manizales, Pereira, Riosucio y Supía. Esa omisión facilitó, sin justificación alguna, el accionar de estructuras criminales dedicadas al contrabando. Reconozco que con mi conducta no solo transgredí la ley penal, sino que contribuí a debilitar la misión constitucional y legal de la DIAN, entidad encargada de velar por la justicia tributaria, la protección del orden económico y el recaudo de los recursos públicos que permiten el funcionamiento del Estado colombiano. A través de esta excusa pública, acepto mi responsabilidad penal y funcional en los hechos por los cuales fui condenado, y manifiesto mi total arrepentimiento por haber vulnerado la confianza que el Estado depositó en mí como servidor público. Ofrezco una disculpa institucional a la DIAN por el daño causado a su función aduanera, a su legitimidad ante los ciudadanos, y a su misión de “contribuir al desarrollo del país mediante el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias”, como lo establece su presentación oficial. Así mismo, me dirijo a los funcionarios públicos y a la ciudadanía en general para manifestar que el servicio público debe ejercerse con legalidad, transparencia y responsabilidad. Mi caso debe servir como lección para rechazar toda forma de corrupción y como recordatorio del deber de proteger los bienes colectivos, entre ellos el patrimonio fiscal de todos los colombianos. Esta manifestación simbólica hace parte de la reparación que debo a la sociedad y al Estado. Reitero mi compromiso de no reincidir en conductas que atenten contra el interés general y de cumplir con todas las obligaciones que la sentencia judicial me impone. Muchas gracias.

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