EFE | LA PATRIA | LA HAYA

Colombia defendió ayer ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU la necesidad de “garantizar la existencia misma del pueblo palestino” y subrayó el “riesgo real e inminente de perjuicio irreparable” a los derechos de los ciudadanos de Palestina como consecuencia de la ocupación israelí en curso.

En representación de Colombia durante las audiencias sobre las consecuencias legales de las políticas y prácticas israelíes en los territorios ocupados de Palestina, Andrea Jiménez Herrera explicó a los jueces que Israel “está obligado a cesar sus violaciones y volver a una situación de cumplimiento con las obligaciones que ha violado” con su ocupación.

“Debe poner fin a la ocupación prolongada, a los asentamientos y la anexión del territorio palestino. Debe hacerlo de manera incondicional, inmediata y completa. Debe cesar los actos internacionales ilícitos continuos y debería ofrecer garantías apropiadas. Israel también debe respetar el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos hacia el pueblo palestino. Además, Israel debe reparar los daños causados”, subrayó Bogotá.

Según explicó Jiménez Herrera, “lo que está en juego aquí es garantizar la seguridad y la existencia misma del pueblo palestino, teniendo en cuenta el riesgo real e inminente de perjuicio irreparable a los derechos de los palestinos como consecuencia de la ocupación de Israel, como ha sido documentado por agencias internacionales, órganos de la ONU e incluso recientemente reconocido por la propia Corte”, máximo órgano judicial de Naciones Unidas.

Colombia lamentó que las políticas y prácticas durante el avance de esa ocupación, centro de las audiencias que celebra la CIJ esta semana, han resultado en “una persecución impuesta, discriminación racial y apartheid sobre el pueblo palestino” y Bogotá consideró que la CIJ solo puede confirmar que estas son violaciones de “varias obligaciones legales internacionales” que recaen sobre Israel.

“Gaza es hoy un lugar de muerte y desesperación (…) La Corte no debería subestimar el hecho de que la situación en Gaza se ha vuelto más mortal en los últimos meses y, por lo tanto, las consecuencias legales de tales acciones deben ser hoy más serias que en el mundo en que vivíamos antes de que este conflicto comenzara”, apuntó Jiménez Herrera.

A petición de la Asamblea General de la ONU en 2022, antes de la ofensiva en Gaza, la CIJ analiza esta semana “las consecuencias legales derivadas de las políticas y prácticas de Israel en los territorios palestinos ocupados, incluida Jerusalén Este”, para emitir una opinión jurídica no vinculante.

En otro caso separado, Sudáfrica inició un procedimiento a finales de diciembre para acusar a Israel de violar la Convención sobre el Genocidio con sus operaciones en la Franja, y, en una parte previa del caso, la CIJ emitió medidas cautelares para exigir a Israel pasos “inmediatos y efectivos” que impidan la comisión de un genocidio contra los palestinos de Gaza.