LA PATRIA | MANIZALES

Rubiel de Jesús Castañeda Cadavid, alias Rubio, propietario de una tienda en la vereda El Río de Neira, se encargaba de avisarle a José Orlando González Carvajal, Pituche o Felipe, de la presencia de la fuerza pública en la zona.

Tras la muerte del cabecilla de esta banda criminal durante un enfrentamiento con las autoridades en febrero del 2020, se dio la desarticulación con la captura de 10 miembros, entre ellos la del tendero, que por medio de WhatsApp informaba todos los movimientos de policías, militares y vehículos sospechosos.

Pensó que borrar las conversaciones eran suficiente, pero los peritos lograron extraer de su celular toda la información que compartía con Pituche. Además, a este último le encontraron en su poder otro equipo que terminó enterrando a Castañeda Cadavid.

Con todas las pruebas en contra, este hombre aceptó cargos y decidió acogerse a un preacuerdo con la Fiscalía con la idea de que le cambiaran el concierto para delinquir agravado a simple y tuviera que pagar una pena de 4 años, no de 8.

El argumento de la defensa era que el señalado solo había sido un colaborador y no tuvo una participación concreta en este grupo delincuencial y se vio obligado a colaborar. Sin embargo, el juez penal especializado de Caldas anunció que estudiará el caso y las audiencias anteriores para saber si se acepta el trato y el próximo 13 de abril se conocerá la decisión.

Cuatro víctimas de Pituche

José Orlando González Carvajal, alias Pituche, perteneció a las autodefensas del Cacique Pipintá y estaba recluido en La Picaleña de Ibagué. En un permiso de 72 horas que le otorgaron, decidió no volver y armar una banda dedicada a la extorsión y al microtráfico.

Durante sus correrías por zona rural de Neira, asesinó a cuatro personas e incluso degolló a Héctor Fabio Acevedo González. Por estos hechos condenaron a Luis Gerardo Monsalve Castro, alias Chinga o Daniel, y de Nicolás Montenegro Ardila, alias David o Soldado, a quienes capturaron el mismo día de la muerte de Pituche.

Extorsiones

De acuerdo con las investigaciones, esta banda exigía dinero a los propietarios de fincas con el fin de “prestar seguridad” para combatir los hurtos y la venta de estupefacientes. Se supo además que hubo personas quienes permitían que los delincuentes se escondieran en sus viviendas.