El personero municipal de Pereira, Leonardo Fabio Reales Chacón, alzó la voz con firmeza ante un grave caso de exposición indebida y escarnio público que sufrió una funcionaria de la Personería, quien fue grabada sin su consentimiento mientras cumplía sus funciones en un procedimiento administrativo ante el Instituto de Movilidad.

“La labor de los funcionarios de la Personería no es intervenir en las decisiones de las autoridades, sino garantizar que los procesos se realicen dentro del marco legal y con pleno respeto a los derechos ciudadanos”, enfatizó Reales Chacón. 

La funcionaria acompañaba, en calidad de garante, un trámite en el Instituto de Tránsito de Pereira cuando fue señalada, grabada y posteriormente exhibida en redes sociales por un ciudadano que se identificó como veedor.

El jefe del Ministerio Público local no sólo rechazó el acto como una falta de respeto institucional, sino que también lo calificó como un riesgo directo para la integridad de la servidora pública. 

“Vivimos en un país donde nadie tiene plena seguridad. Exponer a una persona sin contexto, mediante juicios sociales o digitales, puede escalar en amenazas reales. Es inaceptable”, afirmó.

Según explicó, desde que el video fue divulgado en plataformas sociales, la funcionaria ha sido blanco de comentarios ofensivos y estigmatizantes. 

 “No podemos estar de acuerdo cuando un servidor público, o cualquier ciudadano, es expuesto a juicios sociales que pueden convertirse en amenazas reales en un país donde hoy nadie tiene plena seguridad”, advirtió.

El personero también hizo un llamado a la ciudadanía y, en especial, a quienes ejercen funciones de veeduría. 

“El derecho a ejercer control ciudadano es legítimo y está protegido por la Constitución. Pero no puede estar por encima del respeto, de la legalidad ni de la dignidad humana. La ética también es un deber del veedor”, puntualizó.

Finalmente, Leonardo Fabio Real reafirmó el respaldo institucional hacia la funcionaria afectada y anunció que se están tomando medidas internas, así como contactos con las autoridades competentes, para garantizar su protección y restablecimiento de derechos.

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