Una obra suspendida en el barrio El Poblado de Circasia, Quindío, provocó la inundación de 12 viviendas. La comunidad denuncia 14 años de abandono, falta de drenaje y gestión ambiental ineficiente.

El pasado fin de semana, 12 viviendas del barrio El Poblado, en el municipio de Circasia, Quindío, resultaron afectadas por graves inundaciones provocadas por el deslizamiento de lodo y agua desde un lote en construcción.

Las intensas lluvias, sumadas a una obra suspendida por falta de licencia, desataron una emergencia que reactivó viejas alertas entre la comunidad.

Los hechos se presentaron en una zona caracterizada por ser de origen informal, donde los residentes han denunciado durante más de una década la ausencia de infraestructura básica de drenaje, el deterioro de las vías y el constante riesgo por la ubicación geográfica del barrio, colindante con zonas de vertiente natural.

El caso del barrio El Poblado de Circasia refleja una realidad común en muchas periferias urbanas del país, donde la falta de planeación, la urbanización descontrolada y la omisión institucional condenan a cientos de familias a convivir con el riesgo permanente.

Mientras las autoridades locales evalúan soluciones, la comunidad sigue exigiendo respuestas concretas, inversión en infraestructura básica y respeto por su derecho a una vivienda digna y segura.

 “Este problema lleva más de 14 años”

Gina Vanesa Hoyos, fundadora del barrio y líder comunitaria, expresó con preocupación que el riesgo de inundación ha sido permanente desde hace más de 14 años. La situación, que inicialmente implicaba agua limpia, se ha agravado con el tiempo debido a obras no planificadas:

“Siempre hemos estado inundados, pero con agua limpia. Hace unos meses comenzaron a construir en un lote cercano sin los permisos requeridos y al suspender la obra, el barranco quedó expuesto. Con las lluvias, el lodo se vino como una avalancha y afectó a 12 familias”.

Además, denunció que la obra carece de alcantarillado y drenaje para aguas lluvias, lo que empeora las condiciones para quienes viven aguas abajo. A pesar de los esfuerzos de la comunidad para mitigar el problema, como la construcción de rejillas y canaletas comunitarias, la intervención estatal ha sido insuficiente.

Presencia institucional tardía y respuestas limitadas

Tras el desastre, la Administración Municipal, la Unidad de Gestión del Riesgo y otros organismos acudieron al sitio para prestar asistencia. Aunque se reconoce la presencia institucional, los habitantes piden soluciones definitivas, no paliativos temporales. Gina Hoyos agradeció el acompañamiento, pero hizo un llamado enfático:

“Aquí necesitamos un plan estructural. No es justo que las obras se hagan sin planeación, y al final, quienes pagamos los daños somos los de abajo”.

Líder ambiental alerta sobre daños ecosistémicos

Por su parte, Arón Salazar, líder ambiental del barrio vecino El Medio Ambiente, enfatizó los riesgos que conlleva la degradación del entorno natural, sumado al mal manejo de residuos por parte de algunos habitantes:

“Tenemos dos nacimientos de agua y cascadas hermosas que están siendo contaminadas por basura y escombros. Hago un llamado a la comunidad para cuidar el medio ambiente y a las autoridades para que tomen medidas”.

Salazar denunció también que este tipo de construcciones sin planificación afectan directamente a los sectores populares, que no cuentan con los recursos para recuperarse de estos impactos.

Urbanización informal, riesgo hídrico y omisión estatal

El barrio El Poblado es una zona de urbanización informal que ha logrado el reconocimiento legal de su Junta de Acción Comunal, pero aún carece de infraestructura formal como alcantarillado pluvial y redes de evacuación de aguas residuales.

Según datos del DANE (2023), cerca del 15 % de la población urbana del Quindío vive en zonas con riesgo de inundación o deslizamiento, lo que evidencia una necesidad urgente de políticas públicas integrales de ordenamiento territorial y gestión ambiental.

Llamado a la acción: planificación, inversión y sostenibilidad

Tanto los líderes comunitarios como los habitantes afectados coinciden en que el municipio necesita intervenciones estructurales y sostenibles, no solo reacciones ante emergencias.

“Aquí es a donde deben llegar los recursos del departamento y la nación”, afirmó Salazar, quien espera que el caso se eleve a instancias como la Gobernación del Quindío y el Ministerio de Vivienda.

* Esta información es producto de la alianza entre el periódico LA PATRIA y el Canal Regional Telecafé.

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