María Alejandra Rojas, una de las dos designadas por el presidente de la República, Gustavo Petro, ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional.

Imagen I Tomada de video cortesía para LA PATRIA

María Alejandra Rojas, una de las dos designadas por el presidente de la República, Gustavo Petro, ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional.

El tema tiene que ver con plata. La Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia publicó, ante petición de estamentos de la institución, los gastos de su actual proceso Constituyente. Ese es un punto. El otro, el de la polémica del momento, tiene que ver con costos asociados a honorarios de uno de los nueve miembros del Consejo Superior Universitario (CSU).

El caso apunta a lo pagado a María Alejandra Rojas, una de las dos designadas por el presidente de la República, Gustavo Petro, ante el CSU.

Profesores pusieron el grito en el cielo. El informe indica que ha recibido $37 millones 46 mil en 2 años de sesiones en el CSU. "Le pagan $530 mil asincrónicas, en las que solo contesta acepto y es por correo electrónico...", señalaron.

Rojas, en respuesta más adelante en esta misma nota, dice que se ha pretendido hacer ver esto como un trato diferenciado hacia ella. "Hay que aclarar que la norma que establece ese reconocimiento de honorarios por sesión y el monto específico que debe asignarse por ello a las distintas personas del Consejo Superior está desde el 2002".

Ver más abajo las respuestas completas de Rojas.

Quienes critican los pagos aclaran que no es ilegal que la gente, por pertenecer a ciertas juntas directivas, reciba honorarios. Sin embargo, consideran que en la Unal siempre media un problema financiero, el uso de recursos, la destinación de ciertos recursos.

Se expresa: "Causa cierta desazón que en este caso las designadas del presidente reciban 12 salarios mínimos diarios. Claro, hay sesiones extenuantes, desgastantes, largas, que de pronto lo justificarían...".

 

Honorarios

Diego Torres, representante de los profesores en el CSU, anotó: "De acuerdo con la respuesta dada por la Rectoría, los pagos de honorarios recibidos por una de las delegadas del presidente, por $37 millones 46 mil 797, corresponden a: 1 sesión del 2022, 15 sesiones del 2023, 33 del 2024 y 22 del 2025.

Explica que cerca de la mitad de las sesiones se realizan de forma extraordinaria, asincrónica y a distancia.

Así mismo, que 8 de esas sesiones a distancia se han dedicado a aprobar respuestas a solicitudes del Consejo de Estado o derechos de petición.

"En las extraordinarias en las que se pide responder a la proyección de una respuesta, la respuesta más usual de los consejeros, que se hace vía correo electrónico, son: 1. Apruebo la realización de la sesión extraordinaria asincrónica no presencial. 2. Apruebo el proyecto de respuesta remitido".

Torres también dijo que ⁠la representación profesoral no recibe dichos honorarios por su vinculación con la Unal.

El otro punto que le cuestionan a la delegada Rojas tiene que ver con su campaña a la Cámara de Representantes por Bogotá. "Utilizando su puesto en el CSU, y además cobrando por eso, pues se ve doblemente mal".

 

No hay trato diferencial hacia mí: María Alejandra Rojas

LA PATRIA le preguntó sobre los dos temas en cuestión a María Alejandra Rojas, delegada del presidente ante el CSU de la Unal:

 

Sobre honorarios

Me parece valioso el ejercicio de preguntar por el uso de recursos públicos de la Universidad y hacer una revisión crítica de los mismos. Me gustaría que a información no se utilizara para desinformar. Además, que con la misma vehemencia que se pide alguna información pública, como en este caso, se pidiera para otras situaciones críticas de contratos con altos costos de dinero que por el contrario se les han aplicado cláusulas de confidencialidad. En este caso en particular se ha pretendido hacer ver esto, digamos este reconocimiento de honorarios como un trato diferenciado hacia mí. Creo que es súper importante aclarar que la norma que establece ese reconocimiento de honorarios por sesión y el monto específico que debe asignarse por ello a las distintas personas del CSU, designadas por así decirlo desde afuera, esto es designadas por el Gobierno, por el Consejo Nacional de Educación Superior o incluso por rectores, es una norma que está establecida desde el 2002, hace más de 20 años. Y en ese sentido todas las personas que han sido parte del CSU desde ese momento hasta ahora y que han cumplido con otras características como no integrar otros consejos directivos o no tener vínculo de tiempo directo con el Estado han recibido estos honorarios. También existe, por ejemplo, el caso de la representación profesoral y es que se les da un reconocimiento formal a modo de reconocimiento en la jornada de trabajo de hasta 20 horas por semana. Esto para plantear que claramente no es un trato diferenciado hacia mí por el rol que ocupo o porque haya sido una definición específicamente tomada en este caso. Integro el CSU desde noviembre del 2022, es decir, tres años. En ese tiempo en total he recibido $37 millones, lo que en promedio da un millón de pesos por mes. Esta responsabilidad del CSU requiere constante revisión rigurosa, cuidadosa de los temas que son de competencia del CSU y que trasciende por mucho lo que específicamente demanda cada sesión. Otra cosa es si el debate es qué este tipo de reconocimientos no deberían hacerse o incluso para ir más a fondo si debería replantearse la composición misma del CSU para que no haya personas designadas externamente que lo compongan. Ese debate precisamente hay que abrirlo, y que para ello también está el proceso de deliberación del proceso constituyente universitario, en curso en la Universidad. También es importante mantener abierta esa invitación para que esas discusiones también las demos allí.

 

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"Es un derecho constitucional"

En primer lugar todas las personas tenemos el derecho constitucional a participar políticamente y por supuesto quienes lo ejercemos no solamente en la dinámica electoral sino también en el sentido más amplio del término de la participación lo hacemos desde nuestras trayectorias, desde las experiencias que hemos tenido y desde nuestros lugares de enunciación. El ejercicio de ese derecho no tendría por qué ser cuestionado ni mucho menos señalado, es parte precisamente de las graves dificultades que tenemos en la cultura política colombiana. Ya otra cosa que sí es sumamente grave sería si se utilizaran los medios públicos, los recursos o se construyeran relaciones de poder para hacer política y eso es algo que definitivamente no puede permitirse, pero que sobre todo no es el caso al que nos referimos en este momento.

 

 

 

 

 

 

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