La Ley 30 de 1992 se convirtió en una piedra en el zapato para las universidades públicas de Colombia. Esta establece el modelo de financiación de la educación superior que, de acuerdo con el Sistema Universitario Estatal (SUE), tiene un defecto desde su origen: los aportes otorgados bajo esta ley se ajustan con base en la inflación. Sin embargo, esto estaría por cambiar.

Después de una lucha de 11 años para reformar la ley, el Senado aprobó este miércoles 17 de septiembre los artículos 1, 5 y 7 del proyecto de Ley 212 de 2024, por medio de los cuales se modifica el esquema de financiación de las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas.

Lo avalado por el Senado 

Los artículos, que pasaron por unanimidad con 77 votos a favor, buscan reformar a la vez los artículos 86 y 87 de la Ley 30.

Artículo 1 (Objeto): Define que la ley modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 para establecer un nuevo modelo de financiamiento de las instituciones de educación superior oficiales.

Artículo 5 (Crecimiento progresivo de recursos): Establece que las transferencias de la Nación y de las entidades territoriales crecerán progresivamente hasta alcanzar como mínimo el 1% del PIB en un plazo de 15 años.

Artículo 7 (Vigencia): Dispone la entrada en vigor de la ley tras su sanción y publicación.

Aunque el artículo 5 representa un avance importante, la decisión de fondo, expone el Ministerio de Educación, está en los artículos 86 y 87, los cuales establecen el mecanismo de actualización de la asignación anual de recursos con base en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) o el IPC, tomando siempre el mayor valor.

En este sentido, se contemplan recursos adicionales para ampliar la cobertura, cerrar brechas regionales, fortalecer las plantas profesorales y administrativas, impulsar el bienestar y mejorar la calidad educativa.

El ministro de Educación, José Daniel Rojas Medellín, afirma a través de la página de su cartera, que esta reforma responde a una deuda histórica con la educación pública y que su implementación permitirá que más jóvenes accedan a la universidad con garantías de calidad y permanencia.

"Sabemos que nos queda mucho por recorrer, pero este Acuerdo Nacional nos une como colombianos. La educación superior es la base del desarrollo del país y debemos garantizar su financiamiento adecuado", expone el ministro.

Recorrido hacia la reforma 

Es importante recordar que la crisis estructural de las universidades sale a la luz en el 2009, cuando se empieza a hablar de la necesidad de buscar un nuevo modelo de financiamiento que garantice la sostenibilidad en términos de calidad y equidad social.

Para el 2012, por ejemplo, Carlos Mario Marín Correa estudiante de la Universidad Autónoma de Manizales y presidente de la Junta de Representantes Estudiantiles del nodo del Eje Cafetero y Antioquia para la fecha, le aseguró a LA PATRIA que su trabajo se enfocaría en formular una propuesta para la reforma a la Ley 30, los pilares serán calidad y ampliación de las bases presupuestales para la educación superior. "Esperamos debatir en audiencia pública en el Congreso. Por ahora seguiremos en diálogos con el Ministerio de Educación", explicó Marín Correa.

En esta misma línea, las Universidades se comprometieron con el Gobierno de entonces a adelantar un estudio demostrativo de la situación y para ello, desde el SUE, se conformó una comisión de Vicerrectores, administrativos y financieros que se dieron a la tarea de evaluar los impactos en los sobrecostos de funcionamiento de las Universidades Estatales provocados por el conjunto de leyes, decretos y sentencias judiciales que cambiaban las reglas en materia salarial. Los esfuerzos fueron en vano, y desde entonces en marchas, paros, peticiones y demás la solicitud continúa siendo la misma: reformar la Ley 30 de 1992.

Ahora, el Senado tiene la oportunidad de cambiar las reglas de juego para las IES. El corazón de la reforma será votado el próximo martes, 23 de septiembre, cuando se votará el proyecto.

Solicitudes del Gobierno e instituciones 

El senador Pedro Flórez, coordinador ponente de la iniciativa, comenta: "Este es un proyecto de ley que nos interesa a todos, el más importante que el Congreso pueda dejar a los colombianos. Hemos llegado a un acuerdo con ánimo conciliatorio para que el mensaje sea de unanimidad y no de distancia".

Pues, aunque la admisión de los recientes artículos representa un avance, no diluye la crisis estructural de las universidades públicas.

Estudiantes, rectoras y rectores, docentes y trabajadores de diversas regiones han expresado su respaldo y la urgencia de contar con recursos que consoliden una mejora.

Fabio Arias, rector de la Universidad de Caldas,comparte para este diario que a las universidades les ha tocado muchas veces solas: "Lo máximo que hemos podido encontrar es una tasa compensada con Findeter para poder acceder a un proyecto, pero nunca nos han dicho tengan el 70% o el 80% pongan el 20%, como ocurre en la básica y media".

Asimismo, Arias declara que el desfinanciamiento es algo que el Gobierno reconoce, y por lo tanto impulsa esta reforma, que es la que dará esa posibilidad de giros a la base.

"Colombia está a un paso de lograr el cambio más importante en más de 30 años en el financiamiento de la educación superior. El país espera que el Senado cumpla este martes con una deuda histórica y escuche la voz de los estudiantes, quienes han luchado durante años para que esta reforma sea una realidad", demanda el Gobierno.

¿Cómo funcionaría el nuevo modelo?

*Los aportes a las universidades y a las instituciones técnicas profesionales, tecnológicas, universitarias o escuelas tecnológicas estatales u oficiales se calcularán tomando como base el presupuesto asignado a cada institución y se ajustará de acuerdo con el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) de las IES estatales u oficiales, calculado anualmente por el DANE.