"Hay que luchar por la caficultura y por defender la garantía de compra, que es uno de los mayores activos que tenemos. Por eso es vital mantener este tipo de beneficios y defender la institucionalidad del sector".

El llamado es de Lina Londoño, caficultora de la vereda Tarroliso en Manizales, quien resalta que hoy, en medio de la situación económica que enfrenta el país y de los problemas de la agricultura en Colombia, este sector es de los pocos que ofrece un precio base a través de las cooperativas de caficultores, dispuestas a comprar el grano, al mejor valor.

Es lo que permite que, a pesar de las fluctuaciones de la bolsa, no se entre en las especulaciones de precios o intermediaciones continuas, como sucede con los demás productos agrícolas del país.

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Las tareas del Fondo del Café

El pedido de Lina se refiere a una parte de las tareas e inversiones que hoy maneja la Federación de Cafeteros, encargada de la administración, el recaudo y la inversión de los recursos cafeteros que provienen del impuesto a las exportaciones de café de destinación especial, cuya regulación puntual se formalizó mediante un contrato suscrito en abril de 1928, con la posibilidad de prorrogarse por períodos de 10 años.

Ese manejo de recursos parafiscales hoy equivale a 6 centavos de dólar estadounidense por cada libra de café verde exportado, 1,08 para café tostado, 0,48 para café soluble y 0,36 para extracto de café.

Además se incluyen las ganancias provenientes de la comercialización de Buencafé Liofilizado, los dineros de la venta de café verde en el país y el exterior y las regalías provenientes del uso de la marca Juan Valdez.

Pese a ello, esa administración de dichos recursos que representa un patrimonio de cerca de $700 mil millones, está ad portas de vencerse nuevamente, ya que su contrato, que se renueva cada 10 años, vencerá el 11 de julio del 2026.

Control de Gobierno

Sin embargo, hoy, después de 85 años de ese manejo, las dudas de esa renovación se mantienen, ante la serie de trinos y advertencias que ha hecho el presidente Gustavo Petro y sus ministros y exministros sobre el interés de revisar esos dineros parafiscales, bajo el interés de ser manejados de forma directa por el Gobierno Nacional.

El dirigente risaraldense Luis Miguel Ramírez Colorado, presidente del Comité Directivo y Nacional de Cafeteros, reconoció la preocupación que se ha tenido en los últimos años, puesto que, en su concepto, no existe una entidad sin ánimo de lucro de autonomía privada que pueda administrar ese recurso como lo ha hecho la Federacafé.

En esa lista defendió varios de los bienes públicos que se generan, caso la investigación, por medio del Centro Nacional de Investigaciones del Café (Cenicafé); la asistencia técnica de los extensionistas o llamados "Camisas amarillas" y la denominada garantía de compra que defiende la caficultora Lina, con la presencia de la red de unas 33 cooperativas de caficultores que garantizan la compra del café en todo el país.
 

Esto además de las inversiones sociales en los 23 departamentos cafeteros del país (ver infográfico: Las inversiones con los recursos del Fondo Nacional del Café).

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Garantía de compra

Como si fuera poco, además se incluyen los pagos de la Flota Mercante Grancolombiana, pasivo pensional de cerca de 600 exempleados, responsabilidad que desde hace 20 años asumió el FNC y cuyo pago oscilará en unos $84 mil millones al 2026, aunque la queja es que debería asumirlo el Gobierno Nacional.

"Entonces, ¿qué va a pasar el día que el gobierno tome la decisión de no firmar la administración del Fondo con la Federación?", se preguntó. Su propia respuesta es la pérdida de varios empleos, más cuando hoy solo Buencafé genera cerca de mil empleos y el servicio de extensión 1.440 que además se tendrían que liquidar.

Eso sin contar el posible riesgo de que se pierdan o desaparezcan entidades como Cenicafé. "¿Cuánto le cuesta al Gobierno Nacional hacer eso?. Eso solo lo puede hacer con recursos públicos del Fondo y además serían insuficientes para atender esta situación", estimó.

Cambios constantes

La primera acción siempre es mantener la diplomacia y los diálogos constantes y, según Ramírez Colorado, hoy hay una buena empatía con los ministros que conocen la situación del sector.

El problema es la inestabilidad de los ministerios, más cuando en Hacienda ya han pasado cuatro funcionarios, 3 en Agricultura, y 4 en Comercio, Industria y Turismo, y a cada funcionario que llega y que tiene asiento en el Comité Nacional toca desatrasarlo y contarle la historia de la importancia de tener los bienes públicos y de que la Federación administre esos recursos, como hasta hoy.

Hoy, aunque ya se reunieron hace varios meses con el actual de Hacienda, a la fecha no se han podido volver a reunir en el seno del Comité Nacional, más cuando para el Gobierno el sector cafetero hoy no tiene tanta prioridad, en medio de los buenos precios que tiene y de otros problemas económicos, políticos y sociales y la serie de coyunturas que enfrenta el país.

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Lobby ante el congreso y presidencial

¿Qué pasaría si el Gobierno dijera que no?. Ramírez Colorado es optimista de que esto no suceda, pues confía que en medio de tantos problemas que se han generado, saben de la realidad y las tareas que se tienen que seguir haciendo en la caficultura para que siga arrojando estas cifras positivas que se han venido presentando y no se vaya a politizar.

Pese a ello, el delegado por Caldas ante el Comité Nacional y directivo, Eugenio Vélez Uribe, es menos optimista, al insistir que aunque no se han generado más polémicas al respecto, también prevalece ese silencio, debido a que ni siquiera han podido convocar un Comité Nacional para definir unas aprobaciones presupuestales para los comités.

"Los asesores cafeteros ni siquiera han sido capaces de contactarse con el ministro de Hacienda y se ve un distanciamiento", indicó. "Esto es lo que genera las dudas y qué diremos el año entrante cuando hay que renegociar ese contrato.

Además el presidente ha dado puntadas de que el cualquier momento haga varias de sus críticas como siempre lo hace de forma irrespetuosa, por lo que sí prevalece el temor", reconoció el delegado.

¿Qué dice la parafiscalidad?

Si bien la parafiscalidad es clara que los recursos deben ser administrados por el ente más representativo de los caficultores, tal y como lo es la Federación de Cafeteros, que agremia a unas 540 mil familias cafeteras, para Vélez Uribe rondan las dudas, aunque se han tenido más acercamientos y diálogos con la Ministra de Agricultura.

El problema es que hoy el Gobierno esta en modo elecciones, motivo por el cual el sector también ha hablado con las bases cafeteras con el fin de analizar esta situación y tener en cuenta qué podría pasar en caso de que el Gobierno diera un no.

Aún así, también se habla de un plan B, en el que tanto Ramírez Colorado como Vélez Uribe coinciden en tener un relacionamiento y acercamiento con los nuevos candidatos a la presidencia, pues deben de conocer de primera mano una de las primeras coyunturas que tendrán que asumir.

"A pesar de que en el exterior valoran lo que hace la Federación y la importancia de los bienes públicos, para los que estamos adentro se nos volvió paisaje y no lo valoramos, pero el día que no los tengamos y el día que no tengamos una garantía de compra pues nos podría pasar lo que hoy está sucediendo con Centroamérica donde el precio lo fijan a un menor valor, según lo que determinen los privados", indicó Ramírez Colorado.

La defensa

El miembro de junta del Comité de Cafeteros de Caldas Marcelo Salazar Velásquez, coincidió en que es clave entender que no existe en el país una institución como la Federación para administrar los recursos y garantizar los bienes públicos que están dentro del contrato de administración.

"Nadie es capaz de hacer a la vez la investigación científica, la garantía de compra, toda la promoción en el exterior y a su vez el servicio de extensión con los caficultores", estimó.

Mencionó ejemplos como Cenicafé, considerada mundialmente como la Nasa del Café, y cuy investigación se desarrolla para aplicarla en las fincas con el apoyo del servicio de extensión.

Según Salazar Velásquez, aunque el manejo de este fondo puede sonar fácil, y se pueden haber generado errores en la historia son más los aciertos que se han prestado en una serie de tareas que ha asumido el gremio en reemplazo del Estado con estos recursos parafiscales, más cuando los gobiernos no tienen la capacidad operativa que tiene la Federación.

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Inversiones sociales

En la lista incluyó una serie de inversiones sociales a través de los comités en vías, acueductos, escuelas, saneamiento básico y vivienda rural, sumada a la cofinanciación y convenios con los departamentos para fortalecer dicha inversión.

De allí que el sector ha sido calificado como el otro Estado o el paraestado, ante su presencia en sectores donde no llega el Gobierno nacional.

“Por eso no puede existir un mejor aliado del Gobierno social, como se caracteriza este, que la Federación de Cafeteros, que conoce perfectamente dónde está ubicada cada una de las 540 mil familias cafeteras”, insistió.

"Todo esto lo resumo en que ninguna institución en Colombia tiene la arquitectura social que ha construido la Federacafé para atender la caficultura colombiana, ni siquiera el Gobierno nacional y estamos dispuestos a defenderla", resaltó.

Por ahora, el debate y la incertidumbre se mantienen, más cuando el propio presidente Petro y su exministro de Hacienda Ricardo Bonilla insistió en su interés de revisar el Fondo, y confirmaron que la salida de Jose Antonio Ocampo se debió al al sector cafetero, al insistir que el presidente sintió que le hicieron trampa, al exministro Ocampo ponerse del lado de la Federacafé.

La defensa del sector

* En el debate también han mediado dirigentes de otras corrientes, como Óscar Gutiérrez Reyes, representante de Dignidad Agropecuaria y Cafetera, quien cuestionó los pronunciamientos del Gobierno, al calificarlos como de mal gusto y de pésimo relacionamiento con cualquier organización.

Aunque reiteró las viejas críticas frente al hecho de revisar el Fondo y hacer cada vez más eficientes las inversiones, sostuvo que esto no significa que otra entidad lo maneje, más cuando es la Federacafé la que tiene la estructura, la logística y la experiencia para atender todo el proceso en comercio internacional, depósitos de café, en investigación y extensión rural.

“¿Entonces todas esas tareas se van abandonar?, yo creo que eso hay que pensarlo dos o tres veces, pues no es solo soplar y hacer botellas, porque esto requiere de experiencia y conocimiento o ¿van a sacar a los caficultores del manejo de sus recursos y se va a crear otra organización y a la carrera?.

Esta es una estructura que tiene muchísimos años y que hay que cuidar, por un lado, y recetarla por el otro”, aseguró.

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Inversiones del Fondo

* El Fondo Nacional del Café se creó el 22 de noviembre de 1940 mediante el Decreto 2078, y su manejo y administración quedó a cargo de la Federacafé mediante un contrato suscrito con el Gobierno en diciembre de ese mismo año.

* Los antecedentes de la parafiscalidad cafetera se remontan a 1927, cuando se estableció un impuesto a las exportaciones de café de destinación especial, ya que los recursos recaudados sólo podían utilizarse en beneficio de la caficultura colombiana y de la promoción y comercialización del grano dentro y fuera del país, entre otras actividades.

* Desde ese mismo año el legislativo confió a la Federación la administración, el recaudo y la inversión de los recursos del gravamen. La regulación puntual se formalizó en abril de 1928, con la posibilidad de prorrogarse por períodos de 10 años.

¿Qué es la Flota Mercante?

La extinta entidad fue constituida en 1946, con una participación del 45% de capital colombiano, igual porcentaje venezolano y 10% ecuatoriano.

El objetivo fue mejorar el comercio de estos países, ante las restricciones que se generaron en el sector en la Segunda Guerra Mundial.

Según cálculos recientes, la Federacafé ha tenido que pagar cerca de $900 mil millones en 15 años. Anualmente ascienden a unos $55 mil millones, motivo por el cual ese desembolso absorbe cerca del 16% de la contribución cafetera.

El caso está en un proceso jurídico, pues los cafeteros alegan que no pueden ser los únicos responsables de la deuda de una entidad de la que eran socios el Gobierno y otras naciones.

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