Ecopetrol, sin dolientes

Nadie puede desmentir que la decisión de la Junta Directiva de Ecopetrol, de conceder vacaciones y una licencia no remunerada durante 30 días a su presidente, Ricardo Roa, y designar como encargado a Juan Carlos Hurtado, vicepresidente ejecutivo de hidrocarburos, es más perjudicial que beneficiosa para esta empresa y para el país. Este solo hecho trajo inestabilidad e intranquilidad al mercado bursátil, lo que llevó a la caída de la acción de la petrolera.
Hace rato, Roa debió dar un paso al costado para permitir que se aclaren los escándalos y se resuelvan las investigaciones que se tienen avanzadas con serios indicios de su responsabilidad en lo que fue la gerencia de la campaña presidencial y la supuesta violación en los límites de financiamiento; pero también por presunto direccionamiento de contratos, interceptaciones telefónicas a 70 funcionarios de Ecopetrol y de intervención indebida en la Hidroeléctrica Urrá para conseguir el control de esa compañía y beneficiar a personas cercanas, entre otros asuntos que han generado divisiones en la Junta Directiva y presiones de sindicatos y accionistas.
Todo esto ha llevado a que se vea comprometida la independencia y la gobernanza, de allí que empiecen a verse afectadas la institucionalidad, la confianza y que más bien esté primando una gran incertidumbre por lo que puede ser el futuro de una firma que debería ser considerada la joya de la corona del Estado. Estar en una época electoral tampoco ayuda mucho a clarificar el panorama de Ecopetrol, inclusive los inversionistas están más atentos al debate político y a lo que digan los candidatos que de lo que podría ser el futuro de esta empresa. Cómo estarán las cosas allí que hasta los sindicatos han pedido que se respete el gobierno corporativo y hay accionistas anunciando que interpondrán demandas.
Ante todo este panorama no se entiende por qué la Procuraduría General de la Nación no ha intervenido haciendo uso de la suspensión temporal del cargo a Roa mientras se resuelven las investigaciones que lo señalan y él mismo se puede defender sin las presiones del cargo. La Procuraduría podría hacerlo acudiendo al principio que ha existido de verdad sabida y buena fe guardada, que les permite a los jueces y a las autoridades decidir de manera expedita sin el rigor de las formalidades procesales; valorando la honestidad, la lealtad y la convicción de obrar conforme a derecho. Si lo hubiera hecho desde el primer momento en que se iniciaron los señalamientos contra Roa, hace más de un año, Ecopetrol no sería una empresa con tan seria afectación desde lo reputacional.

Toda junta directiva debería estar blindada de intereses políticos y presiones que puedan afectar el normal desarrollo de una organización, que es lo que en Ecopetrol no ha sucedido en los últimos años y las cifras de gestión lo muestran, con bajas que podrían ponerla en riesgo. Se ha permitido enraizar conceptos como la ideologización de la explotación de los combustibles fósiles, que golpea de frente los procesos de producción petrolera, cuando hay países apostando a este tema porque comprobaron y están convencidos de que por ahora es el camino. Pueda ser que esta decisión de la Junta no termine quitándole oxígeno a Ecopetrol, una compañía que todos deberíamos estar cuidando.