El domingo pasado se celebraron elecciones en Chile: con una participación no prevista los ciudadanos de ese país acudieron a las urnas para elegir los 51 miembros del Colegio Constituyente que tendrá a su cargo expedir una nueva Carta Fundamental para ese país.
Extraño y tortuoso ha sido el recorrido que ha hecho la democracia chilena para llegar a este punto. Todo empezó con las manifestaciones masivas que, para rechazar un aumento en el transporte público, se presentaron en 2019. Siguió con la elección de un presidente de Izquierda que supuso la reivindicación de los reclamos de los manifestantes y continuó con la exigencia popular de una reforma constitucional que se empezó a concretar el 25 de octubre de 2020 cuando se decidió convocar un plebiscito e iniciar el proceso de redacción de un nuevo texto constitucional que superara el de 1980 de Augusto Pinochet.
Si bien la democracia en materia electoral tiene que ser incierta, lo que ocurrió después en Chile rebasó de lejos esa característica: La propuesta de nueva Constitución se presentó el 4 de Julio de 2022, día en el que tuvo lugar la ceremonia pública en la que se hizo entrega del texto de la misma al presidente actual, Gabriel Boric Font. El 4 de septiembre de 2022 la nueva Constitución fue sometida a referéndum, ganando contra todo pronóstico la opción de rechazo con un 61.86% de los votos, frente al 38.14% de la opción favorable al texto. Los partidos políticos decidieron entonces optar por un nuevo proceso reformatorio de la Constitución y convocaron la conformación de un Consejo Constituyente de 51 miembros elegidos por voto popular.
Aunque las encuestas lo previeron, el resultado rebasó todos los cálculos;    como lo calificó el Diario El País de España, fue todo un volantazo que cambió de manera radical el escenario político de Chile: El Partido Republicano, la extrema derecha chilena, se alzó con un triunfo rotundo y se convirtió en la primera fuerza política del país; obtuvo el 35.5% de los votos y logró un total de 23 escaños en el órgano que redactará una nueva propuesta de Constitución, que será otra vez sometida a plebiscito en diciembre. Con casi la mitad del Consejo Constitucional más los 11 escaños de la derecha histórica, pueden proponer, aprobar o modificar normas constitucionales, porque sobrepasan holgadamente las tres quintas partes del quórum, para el que necesitan 30 votos.
“Chile ha vivido este domingo una cruel paradoja: quienes se negaron durante décadas a la posibilidad de un cambio constitucional tiene hoy todo el espacio imaginable para escribir la nueva propuesta…”  -El País, mayo 10 de 2023-
Aunque Boric decidió no involucrarse demasiado en esta etapa del proceso como sí lo hizo al comienzo, su Gobierno ha quedado entre cuerdas: sin capacidad de veto en el Colegio Constituyente y sin mayorías parlamentarias, no podrá avanzar en sus progresistas propuestas tributaria y de pensiones; es decir, las iniciativas de cambio que le significarían a Chile un legado de esas fuerzas progresistas que lo eligieron, ya son parte de otra historia.
“El proceso anterior fracasó, entre otras cosas, porque no supimos escucharnos entre quienes pensábamos distinto”, dijo Boric. Petro, al contrario, cree entender ese fracaso como el fruto de una excesiva actitud conciliadora del primer mandatario chileno. Me quedo con la reflexión de Boric. Bien haría Petro en entender las lecciones de la historia, sobre todo de esta historia cercana. Algo del fracaso de esta propuesta reformadora en Chile se podría explicar como la consecuencia de la intención de imponerla sustentada en la euforia de un sector político que se creía invencible solo por haber ganado las elecciones presidenciales y el plebiscito constituyente.
Otro elemento importante es que las fuerzas de izquierda confundieron movilización con representatividad; con el resultado abrumador del 78% al inicio del proceso, la izquierda confió en que el país quería un cambio de Constitución a rajatabla y confundieron, en efecto, movilización con representación; pensaron que no había que dialogar con nadie, y que tenían poder absoluto para proponer cualquier reforma por más maximalista, delirante y rupturista que fuera. En palabras del sociólogo Jorge Galindo para El País de España: “la izquierda cometió un gran error y al leer esa cifra creyó que el país le había dado el aval para redactar a su manera lo que fuera, y así en el camino ignoró por completo a otros sectores.”
Aquí en Colombia se nos viene en octubre más que un simple evento electoral para elegir dignatarios locales y regionales, un plebiscito que ganará o perderá el Gobierno.