Camilo Torres en Manizales

Se cumplen sesenta años de la muerte del denominado “cura guerrillero”, Camilo Torres Restrepo, ocurrida el 15 de febrero de 1966. Su figura, atravesada por odios y adhesiones, ha suscitado una prolífica producción de obras, discursos y estudios. Plazas, parques, colegios y barrios, han llevado su nombre.
Manizales, otrora conservadora y reconocida capital de la provincia sur del Estado Soberano de Antioquia, también participó de este proceso simbólico. El barrio Camilo Torres, ubicado sobre la denominada Ruta 30, constituye un caso ilustrativo. Según la historiadora Verónica Romero, en su estudio sobre la formación del barrio, ocurrida a partir de 1970, señala que su origen se inscribió en las dinámicas de segregación urbana que reconfiguraron el territorio urbano de la ciudad.
Sus primeros habitantes, campesinos, mujeres y migrantes de la violencia, organizados en torno a asociaciones populares de vivienda, ocuparon predios con materiales precarios para materializar el anhelo de una vivienda propia. La tradición oral señala que dos guaduas y una sábana blanca con el nombre “Camilo Torres” en letras rojas marcaron el acto fundacional. Como era previsible, las autoridades procedieron al desalojo, lo cual no impidió el inicio de un proceso de organización social que culminó con la consolidación del barrio.
Tres años después de la muerte del sacerdote, la teóloga y periodista alemana Hildegard Lüning divulgó en Europa su vida y obra mediante la publicación Camilo Torres Restrepo: Sacerdocio y política, reeditada en español en el 2016. Este y otros trabajos han contribuido a problematizar el papel de la Iglesia Católica en una sociedad como la colombiana, caracterizada por persistentes ciclos de violencia, exclusión y polarización. Mientras algunas posturas privilegian la dimensión contemplativa de la fe (Juan Pablo II), otras enfatizan su dimensión práctica y transformadora (papa Francisco).
En este marco, la figura de Camilo Torres no constituye un caso aislado. La opción por el prójimo y el servicio comunitario ha implicado riesgos significativos para numerosos líderes religiosos. En el oriente de Caldas, por ejemplo, el padre Arley Arias García fue asesinado el 18 de enero del 2002 en la vereda La Palma, de Samaná, cuando adelantaba labores de mediación humanitaria por los secuestrados. Ese mismo año, el 17 de octubre, el padre Gabriel Arias Posada, vicario general de la Diócesis de Armenia, fue asesinado en zona rural de Anserma mientras gestionaba también la liberación de secuestrados.
La muerte de estos sacerdotes, al igual que la de Camilo Torres, pone en cuestión las fronteras entre fe, acción social y conflicto armado. Más allá de las lecturas polarizadas, estos casos constituyen un llamado a no normalizar la violencia y a reconocer el valor de quienes, desde distintas convicciones, han apostado por la justicia social y la dignidad humana en contextos adversos.
Adicionalmente, resulta pertinente vincular estas reflexiones con debates contemporáneos sobre memoria histórica, reconciliación y construcción de paz territorial en los cuales la acción ética de actores religiosos continúa siendo un referente ineludible para la deliberación pública que permita la consolidación de una ciudadanía con un profundo criterio humanista.