EFE | LA PATRIA | Bogotá

El Gobierno nacional nombró ayer a las siete primeras personas que serán voceros de paz, una figura para promover “la reconciliación entre los colombianos” y de la que formarán parte jóvenes que pertenezcan a organizaciones sociales o humanitarias y estén siendo investigados por delitos relacionados con la protesta social.

Los siete jóvenes -cinco hombres y dos mujeres- “están siendo investigados y no han sido condenados por estos procesos”, remarcó el Gobierno, y proceden de Bogotá, Medellín, Popayán y Cali.

De ellos, cinco se encuentran en reclusión carcelaria y dos en detención domiciliaria, de la que saldrán para desarrollar estas labores, y permanecían ahí de forma preventiva por delitos como concierto para delinquir, lanzamiento de objetos y sustancias peligrosas, obstrucción de vías públicas o violencia contra servidor público, pero en ningún caso por delitos de lesa humanidad o sexuales.

Entre estos jóvenes está Santiago Márquez,  estudiante de Pedagogía en Bogotá, quien el Gobierno ha destacado que ha colaborado en campañas solidarias para los más desfavorecidos; Arles Andrés Bolaños, un líder indígena que participó en el paro nacional en Cali, y Adriana Esperanza Bermeo, una bogotana que “ha dedicado gran parte de su vida a la protección de animales de la calle”.

En estos roles de “voceros de paz” podrán recibir atención psicosocial, deberán rendir informes al alto comisionado para la Paz, atenderán un diplomado virtual en Construcción de Paz, podrán estudiar o trabajar si así lo quieren y seguirán el proceso judicial que tienen en curso porque “no se trata de una amnistía o indulto”.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró en una rueda de prensa que la comisión intersectorial integrada por él, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el de Interior, Alfonso Prada, se reunieron durante toda la semana para primero delinear las labores que podrían ser útiles que desarrollen estas personas para contribuir en “la paz del barrio, es decir, el desescalamiento de la conflictividad social”.

Esas labores, a juicio del Gobierno, “pueden ser muy útiles para restablecer esa convivencia armónica para escalar la conflictividad, para reconciliar en últimas a los colombianos que no forman parte del conflicto armado, pero que sí están en unas situaciones de convivencia difícil, extensas, con episodios de violencia con intolerancia”, dijo Osuna.

Por el momento han analizado 283 perfiles de “personas que están privadas de la libertad por hechos relacionados con la protesta social”, algunos de quienes se ha denominado en Colombia “la primera línea”, muchachos que durante las protestas estuvieron delante en las protestas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Este programa, que en primer momento se llamó de “gestores de paz”, ha traído mucha polémica en Colombia, sobre todo porque entre esos detenidos hay personas acusadas por delitos muy graves como torturas o terrorismo, por lo que se cuestiona que se interrumpan sus procesos judiciales, pues se considera que la Justicia debe ser quien considere su responsabilidad.

Programa contra la exclusión 

El Gobierno aseguró que los “voceros de paz” no tienen nada que ver con otro programa que el miércoles anunció el presidente, Gustavo Petro, que busca alejar a 100.000 jóvenes que, por su situación de vulnerabilidad, están en riesgo de caer en la criminalidad, especialmente en zonas de conflicto y de presencia de grupos armados ilegales.

Son “dos programas distintos”, matizaron ayer los ministros de Interior, Defensa y Justicia, ya que este segundo es “un ambicioso programa de inclusión social, de reconciliación que está dirigido a 100.000 jóvenes que no tienen ningún proceso penal en contra de ellos”.

Son jóvenes que “por causa de pobreza o exclusión se considera que están en riesgo de caer en la criminalidad” y que se busca que “con esa política del Gobierno nacional se les traerá hacia la paz”, explicó Néstor Osuna, ministro de Justicia.