EFE | LA PATRIA | Asunción
El abogado de la familia del expresidente paraguayo Raúl Cubas (1998-1999) anunció ayer que buscará la extradición a Paraguay de Rodrigo Granda, integrante del último secretariado de las extintas Farc y quien está investigado por su presunta implicación en el secuestro y asesinato, hace dos décadas, de Cecilia Cubas.
El abogado Andrés Casati declaró a la radio ABC Cardinal que solicitarán al Tribunal de sentencias a cargo de la causa "una reiteración de la orden de captura internacional con fines de extradición" contra Granda, después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia comunicó que no tiene potestad para juzgar este hecho.
Consultado sobre la posibilidad de que requieran la extradición, Casati anticipó que la madre de Cecilia Cubas, la exsenadora Mirta Gusinky, "se encuentra firme y con la intención de que todos y cada uno de los responsables del secuestro y asesinato de su hija enfrenten los tribunales".
Señaló que buscan que los acusados "sean juzgados por jueces independientes, y que los mismos, si tienen alguna deuda con la justicia, que la paguen".
"Hasta el último responsable, es la intención de la señora Mirta; sin rencores, sin odios, pero sí con sed de justicia", agregó.
Cubas fue secuestrada el 21 de septiembre de 2004 entre las ciudades de Fernando de la Mora y San Lorenzo y su cuerpo sin vida fue hallado en una casa en la ciudad de Ñemby, el 16 de febrero de 2005, pese al pago de un cuantioso pago para su liberación.
La JEP, que ofrece penas alternativas a prisión, estudiaba si incluir este hecho, por el que Paraguay pide la extradición de Granda, en el macrocaso 01, que juzga la "toma de rehenes, graves provocaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc".
Posiblemente Granda asesoró al marxista Partido Patria Libre (PPL), el germen de la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), para dicho secuestro.
En octubre de 2022, la JEP le concedió a Granda "amnistía de iure" por el delito de rebelión por el que fue condenado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cúcuta, de Norte de Santander, el 21 de abril de 2006.
Sin embargo, ahora asegura que existe una "falta de jurisdicción (...) para administrar justicia en los hechos ocurridos el 21 de septiembre de 2004 en Paraguay", a pesar de las pruebas presentadas por Granda.
En octubre de 2021, Granda fue retenido en México, adonde había viajado para participar en un seminario internacional del Partido del Trabajo (PT). Sin embargo, retornó a su país sin que se hiciera efectiva la alerta roja de búsqueda y captura que pedía Paraguay para su extradición a ese país.
Granda -según el partido Comunes, surgido de la desmovilización de las Farc- había recibido autorización de la JEP para viajar a México y, por lo tanto, el Gobierno colombiano no podía pedir su detención a las autoridades de otro país.
Reclamo a la JEP
El senador del partido Comunes y exmiembro del secretariado de las Farc Julián Gallo arremetió contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y criticó su inacción en la redacción de condenas en los siete años que lleva existiendo desde la firma del acuerdo de paz.
Gallo, conocido como ´Carlos Antonio Lozada´(en la foto a la derecha) cuando era guerrillero de las Farc, expresó ayer durante una rueda de prensa que la JEP no puede "atribuirse funciones que no les corresponden, no son un tribunal de justicia cualquiera", y sus acciones "acabarán suponiendo la burla de los derechos de las víctimas".
El senador habló sobre la necesidad que tienen todos los colombianos de que el proceso violento termine: "No podemos durar otros cien años culpándonos y sindicándonos, este proceso tiene que terminar. No solo tenemos que deponer las armas sino también los odios".
Gallo compartió la respuesta que les envió el secretario ejecutivo de la JEP, Harvey Danilo Suárez Morales, ante una carta con preguntas sobre la cantidad de resoluciones emitidas en los siete años que la entidad lleva funcionando.
"A la fecha, la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad no ha dictado sentencias", lee la carta, ante lo que el senador replicó "lo que estamos pidiendo es que se cumpla el acuerdo, sanciónenos".
"Estamos reclamando que se pongan la toga de la paz y no estén tomando decisiones en base de odio y estigmatización", criticó el senador.
Las declaraciones del senador sucedieron después de que el pasado viernes la JEP comunicó que no tenía potestad para juzgar el secuestro y asesinato en 2004 de Cecilia Cubas, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas, por el que se investiga la posible implicación del miembro del último secretariado de las extintas Farc Rodrigo Granda.