Los profesores les ponen, de nuevo, tareas a las autoridades educativas de Manizales y de Caldas. Por ejemplo, les piden que aumenten, de manera progresiva, en un 30% el presupuesto de libre destinación o de recursos propios para garantizar la educación pública.

También que contraten el personal en los colegios públicos (administrativo, vigilancia, servicios generales) sin tercerización, y vincularlos al comienzo del calendario escolar y durante esta vigencia.

Las exigencias están plasmadas en pliegos de peticiones, presentados ayer por el sindicato Educadores Unidos de Caldas (Educal) ante la Alcaldía y ante la Gobernación.

Estos pliegos como los de otros sindicatos del país, de acuerdo con la ley, deben ser presentados antes del 28 de febrero de cada año ante las autoridades, municipales, departamentales y nacionales.

LA PATRIA habló con Iván Andrés Rodríguez Rengifo, secretario de Asuntos Sindicales y Gremiales de Educal:

-¿Cómo construyen esos pliegos de peticiones educativas?

Se han construido desde hace varios meses con docentes de bases, con presidentes de subdirectivas, acompañado de los jurídicos que hacen parte del fortalecimiento de los pliegos ha tenido Fecode. Educal ha hecho un esfuerzo para que estos jurídicos también nos acompañen a estructurar un pliego de peticiones que no solo represente el sentir del magisterio caldense, que pueda también mejorar las condiciones de calidad de la educación pública en Caldas y en Manizales.

-¿Cuál es la base de esos pliegos?

Cuatro ejes fundamentales: La política educativa, los derechos laborales, el bienestar laboral y las deudas y garantías. El pliego se desarrollará en los primeros 20 días hábiles, como lo establece la norma, y luego si no llegamos a unos acuerdos se dan 20 días adicionales.

-¿Cuál es el balance del cumplimiento de pliegos anteriores?

Es negativo. En los pliegos de peticiones que por lo menos he estado, 2021, 2019, 2017, las administraciones departamental y municipal han respondido a medias. Vemos desidia frente al cumplimiento. Por eso este año, a diferencia de otros, nos hemos armado jurídicamente con abogados externos, quienes nos han permitido presentar un pliego para no dejar al azar, que las propuestas que llevamos y los acuerdos que se logren, no queden a la deriva. Que se ejecuten y se mejoren condiciones laborales y también educativas de los estudiantes.

-¿Qué piden a favor de los profesores?

Tener una calidad para la prestación del servicio educativo. Por ejemplo, para los provisionales, que cuando falte un docente por un permiso remunerado o no, una licencia, que los provisionales puedan ser llamados de manera inmediata y vinculados, que puedan tener garantías, que se logren traslados con efectividad, que se les pague con oportunidad. Vamos a solicitar a nivel nacional unas condiciones dignas laborales en cuestión del pago de deudas que se deben y una nivelación salarial

-¿Y para los estudiantes?

Que se mejoren las condiciones del Plan de Alimentación Escolar (PAE). Es una cosa triste lo que se presenta con el transporte escolar, estudiantes en vehículos que son para 12 y llevan 24, 25. Y, lógico, el mejoramiento de infraestructura educativa.

Representantes 

Paola Andrea Restrepo, tesorera de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)

Siento que este es un momento distinto, en el que tal vez tendremos puntos en los que no coincidimos con el Gobierno, pero tenemos un Gobierno de apertura que hoy nos da las garantías para debatir, y siento que es ahí donde está el cambio. Con los otros pliegos, es leer la historia del sindicalismo y la lucha sindical, lo que hubo fue muerte, estigma y persecución contra los líderes. Esta fue la eterna garantía.

Juan Carlos Martínez, presidente de Educal

Hay para resaltar la solicitud al Gobierno nacional de modificación del Sistema General de Participación. También está el aumento de la planta docente que es de las necesidades más sentidas del Magisterio y un aspecto que beneficiaría la calidad de la educación pública, es decir, que se disminuya el número de estudiantes por docente, y esto tendría una implicación directa en el nombramiento de educadores y en los derechos humanos.