Las cuentas se apagan en la aplicación y con ellas también el ingreso diario de cientos de repartidores.
Ese es el centro de una disputa que vuelve a poner bajo presión a Rappi en Colombia: mientras la empresa confirmó el bloqueo de 2 mil 300 perfiles por presuntas irregularidades, sindicatos y voceros de trabajadores denuncian que las medidas están golpeando a quienes reclaman mejores tarifas y condiciones laborales.
La nueva fase del conflicto se conoció días después de protestas en Bogotá y denuncias en el Eje Cafetero, donde repartidores ya advertían de cierres de cuentas, reducción de pedidos y falta de canales eficaces de respuesta.
Rappi aseguró que los bloqueos obedecen a controles de seguridad y a la detección de irregularidades en el uso de la aplicación Soy Rappi.
Según la compañía, entre las conductas sancionadas figuran el “uso de múltiples cuentas por una misma persona, inconsistencias en información financiera, alquiler o préstamo de perfiles y comportamientos asociados a fraude o faltas graves”.
La empresa indicó que estas acciones no representan a los 70 mil repartidores, aproximadamente, que operan de forma adecuada en la plataforma.
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Lo que dicen los trabajadores
Los sindicatos rechazan esa explicación. Para los líderes consultados por LA PATRIA, los bloqueos tienen un patrón que coincide con trabajadores críticos de las tarifas actuales o con quienes participan en procesos organizativos.
Santiago Marín, líder en Pereira del Sindicato Nacional de Trabajadores de Aplicaciones (Sinatrap), afirmó que la versión oficial no coincide con lo que observan en terreno. Según explicó, las cuentas suspendidas corresponderían a repartidores ubicados en los niveles más bajos de aceptación de pedidos, una categoría en la que suelen quedar quienes rechazan servicios considerados mal pagos.
“Esto no es así como dice Rappi”, manifestó. Agregó que los bloqueos recaen sobre quienes no aceptan órdenes con pagos de $1.500, $2.000 o $3.050, y señaló que no conocen casos similares en cuentas de rangos superiores. Para Marín, la situación configura una persecución contra dirigentes sindicales y contra repartidores que cuestionan las tarifas.
En la misma línea se pronunció Yudy Aya, presidenta nacional de Sinatrap. La dirigente aseguró que la empresa modifica condiciones internas sin garantizar procesos claros de defensa para los afectados.
“No hacen los debidos procesos, no están teniendo en cuenta la ley”, sostuvo. También advirtió que, si el caso deja de ser visible públicamente, el problema puede repetirse en mayor escala y “volver a ser el monstruo que siempre ha sido”.
Ánderson Peralta, su colega en Armenia, agregó que la mayoría de cuentas inhabilitadas corresponderían a repartidores de calle, mientras en servicios tipo turbo o diamante no se verían bloqueos equivalentes. “Conozco casos de gente que maneja tres o cuatro cuentas y no las han bloqueado. No creo en esos argumentos de Rappi”.
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Incertidumbre para el futuro
Hasta ahora no se conoce una mesa nacional de negociación entre la empresa y las organizaciones sindicales por este nuevo episodio.
Los repartidores insisten en que las autoridades laborales deben intervenir y revisar si existen vulneraciones al debido proceso o afectaciones al derecho al trabajo.
Rappi, por su parte, mantiene que continuará “fortaleciendo controles para garantizar una operación segura, confiable y transparente para usuarios, comercios y repartidores”.
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Defensoría anuncia más acompañamiento
En medio de la polémica, la Defensoría del Repartidor anunció el fortalecimiento de sus canales de atención para acompañar reclamaciones por inhabilitaciones de cuentas y otras inconformidades.
La entidad, creada dentro del ecosistema de Rappi como mecanismo especializado de revisión, informó que en lo corrido del 2026 ha gestionado al menos 16 mil 500 casos en el país y que cerca del 30% tuvo resolución favorable para repartidores. También indicó que presta atención virtual en todo el país y presencial en Bogotá, Medellín y Barranquilla.
Su directora, María Paula Hernández, explicó que “cada caso cuenta con seguimiento individual y revisión detallada bajo los términos y condiciones de la plataforma”. Insistió en que los servicios no tienen costo y buscan servir de “puente entre repartidores y la empresa”.
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Un conflicto que viene de atrás
La tensión entre Rappi y sus repartidores no comenzó con los anuncios de abril. En Manizales, por ejemplo, el malestar se había hecho visible desde noviembre del 2025 y se intensificó en enero, cuando trabajadores reclamaron mejores pagos por domicilio y mayor interlocución. El 26 de febrero, una movilización en la capital caldense terminó con bloqueos viales, intervención de la Policía y una negociación sin acuerdos.
Posteriormente, líderes sindicales denunciaron que varios participantes de esas protestas quedaron por fuera de la aplicación, lo que impactó su principal fuente de ingresos. En ese momento, Rappi dijo que revisaría la situación y que esperaba retomar conversaciones.
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Revés judicial
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó esta semana la demanda con la que Rappi S. A. S. buscaba recuperar una multa de $1.755 millones impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). La sanción se originó por vulneraciones al Estatuto del Consumidor y el Tribunal concluyó que las decisiones de la autoridad se ajustaron a la ley.
En el proceso, la discusión central fue si la multinacional opera solo como intermediario tecnológico o como plataforma de comercio electrónico. El Tribunal respaldó la postura de la SIC al considerar que la compañía interviene en precios, cobra comisiones y controla la logística de entrega, por lo que debe cumplir obligaciones propias del comercio digital. Además, señaló que la sanción no afecta la libertad de empresa, sino que reafirma el deber de respetar las normas vigentes.
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