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Los camposantos están ubicados en el oriente y occidente de Caldas.
EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ
El gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, tiene un plazo de 10 días para cumplir con un mandato de la Justicia Especial para la Paz (JEP) que ordena proteger cementerios en los cuales puede haber cuerpos de víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado.
La determinación de la JEP indica que requirió al mandatario caldense “para que en el plazo máximo de 10 días hábiles se dé cumplimiento a lo ordenado” el pasado 17 de noviembre del 2022, “so pena de darse apertura a desacato en su contra”, informó ayer ese alto tribunal.
La decisión la tomó la Sala de la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SAR) para que se cumpla el fallo de noviembre del 2022 que ordena proteger puntos de interés forense ubicados en ocho cementerios del oriente y occidente de Caldas en donde podría haber cuerpos de personas víctimas de desaparición forzada.
Las medidas cautelares fueron ordenadas como respuesta a una solicitud del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), para proteger los lugares donde se presume que hay Cadáveres No Identificados (CNI) e Identificados No Reclamados (CINR) de víctimas de desaparición forzada.
En el 2019, el Movice pidió a la JEP proteger sitios en los que se cree que pueden estar sepultadas víctimas de paramilitares o de los llamados “falsos positivos” cometidos por militares.
Según la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), creada por el acuerdo de paz que firmaron el Gobierno y la antigua guerrilla de las Farc en el 2016, en Colombia hay un universo en construcción de personas dadas por desaparecidas de 99 mil 235 ciudadanos.
De ese total, 90 mil 088 personas aún no han sido encontradas y a la fecha sus familiares mantienen la esperanza de poder volverlos a ver o de encontrar sus restos para darles una despedida digna.
Los gobernadores de Risaralda, Quindío y Valle del Cauca también deben acatar el fallo y proteger los cementerios con medida cautelar bajo su jurisdicción.